Desde el ámbito administrativo de la reserva, Nicolás Zenteno, integrante del Comité de Seguimiento de Finca Las Costas, explicó los fundamentos del relevamiento que detectó más de 50 obras irregulares. “Son más de 50 las edificaciones que están fuera de lo que dictó la medida cautelar; al que no construyó, al que no hizo nada durante estos últimos años, no le tiene que pasar nada”, afirmó el funcionario en dichos que compartió Nuevo Diario, para diferenciar los inmuebles históricos de las edificaciones recientes.
Asimismo, Zenteno remarcó que las disposiciones judiciales buscan retrotraer el estado del terreno al año en que se dictaron las restricciones de construcción para preservar el ecosistema local. “Es una medida por un incumplimiento personal a una orden de la Justicia; quieren convertir a Reserva Las Costas en un nuevo San Lorenzo Chico, cosa que es imposible”, sostuvo el representante del comité de control.
En contraposición, Nicole Esquivel, activista y referente de la comunidad Lule, advirtió sobre la inminencia de los plazos fijados por la Justicia para el derribo de las viviendas. “No hay que confundirlo, es demolición de las casas, es destruir las casas; las primeras 25 familias recibieron órdenes con un plazo que vencería entre el 26 y el 28 de octubre”, expresó la vocera a Radio Infinito.
Respecto a los cuestionamientos ambientales por posible contaminación de las fuentes de agua, la representante rechazó los argumentos esgrimidos en las causas judiciales. “¿Cómo vamos a contaminar algo si nosotros estamos después de eso? El agua no corre hacia arriba”, manifestó Esquivel al defender las actividades de siembra y pastoreo que realizan los pobladores en el predio.
Mientras el Comité de la reserva mantiene la postura de evaluar cada caso en el marco judicial, las familias afectadas que se identifican como originarias, continúan solicitando audiencias ante las autoridades provinciales y municipales para frenar las medidas fijadas para fin de mes.