La situación en Irán se encuentra en uno de sus puntos más críticos desde la Revolución de 1979. Desde finales de diciembre de 2025, una profunda crisis económica —marcada por la fuerte depreciación del rial, una inflación que erosiona el poder adquisitivo y el estancamiento del crecimiento— ha empujado a amplios sectores de la población a manifestarse en las calles contra el gobierno y el modelo político vigente. Las protestas, que comenzaron con reclamos por la situación económica y de los precios básicos, se extendieron rápidamente por ciudades de todo el país, convirtiéndose en un movimiento generalizado de descontento social y exigencia de cambios.
La respuesta de las autoridades ha sido extremadamente violenta. El régimen iraní impuso un apagón total de internet desde el 8 de enero de 2026 para intentar cortar la comunicación con el exterior y dificultar la organización ciudadana, mientras que las fuerzas de seguridad ejecutaron una represión brutal que según distintas ONG y observadores independientes ha dejado entre varios miles y decenas de miles de muertos, con cientos de miles de heridos y más de 26.000 detenidos. Los testimonios de violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas y hasta registros en hospitales y hogares reflejan el alcance de la ofensiva estatal.
Al mismo tiempo, el contexto geopolítico se vuelve más tenso. Estados Unidos y aliados han intensificado sanciones económicas, mientras despliegan fuerzas navales en la región; el propio gobierno iraní acusa a «potencias extranjeras» de fomentar el desorden para justificar intervención externa. En el plano interno, aunque ha habido intentos oficiales de diálogo y promesas de reformas económicas, la represión y las profundas fracturas sociales plantean un interrogante crucial: si las autoridades logran restaurar el orden sin reformas reales o si, por el contrario, esta crisis se traducirá en un cambio más profundo del tejido político iraní.